- Comunidades denuncian que este humedal, con una impresionante biodiversidad, está en riesgo ante la construcción de una planta, cuya producción se utiliza en la fabricación de fertilizantes.
- El pueblo indígena Yoreme-Mayo libra una batalla legal y comunitaria desde 2015 contra la instalación del megaproyecto, autorizado sin consulta previa.
- A pesar de múltiples amparos y de la oposición de las comunidades indígenas, la construcción continúa.
- Las defensoras del territorio que encabezan la lucha denuncian haber sufrido amenazas e intimidaciones en sus propias comunidades, divididas por la presencia de la empresa.
Para el pueblo Yoreme-Mayo, los mangles son árboles sagrados. Forman parte del Bawe Ania —el mundo del mar, donde habita el espíritu del agua—, un territorio vivo que sus ancestros habitaron y del que hoy aún se alimentan, gracias a sus ostiones, jaibas, camarones y peces. Por eso, cuando este pueblo indígena pescador, asentado en las costas de Sinaloa, en el noroeste de México, supo que una empresa había comenzado a talarlos en la Bahía de Ohuira para construir una planta de amoníaco, se organizaron para frenar el proyecto.
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“No solo lastima nuestra actividad económica, sino también nuestra cosmovisión”, afirma Melina Sandoval, pescadora y defensora del territorio yoreme. “Si nosotros quisiéramos talar un brazo de mangle con ostión, nos quitan los equipos y nos aplican la ley. Entonces, ¿por qué otorgar permisos para tantas hectáreas de manglar? Dicen ellos [la empresa] que era muy poco mangle el que había en la orilla. Pero, para lo que ellos es poco, para nosotros lo es todo”.
Era 2014 cuando el padre de Sandoval notó los inicios de la deforestación. Ocurrió detrás de la Isla de Patos, una de las ocho islas que se encuentran dentro del Sitio Ramsar Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira. “Mi papá me preguntó por qué estarían talando. ‘Quién sabe’, le dije. La gente se seguía preguntando, pero ahí quedó el tema”, agrega Sandoval, originaria de la comunidad de Lázaro Cárdenas, una de las cuatro que rodean la bahía y que dependen económicamente de ella.
Unos meses después, narra la pescadora, un grupo de académicos, abogados y organizaciones ambientales se acercó a informar a los pescadores yoreme sobre lo que estaba ocurriendo. Se convocó a una reunión comunitaria y así fue que conocieron el proyecto de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) de México, filial de la compañía PROMAN AG, de origen suizo-alemana y financiado por el Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW). Su objetivo es la producción de 2200 toneladas diarias de amoníaco anhidro, un gas utilizado como insumo base en la producción de fertilizantes. La empresa no informó sus intenciones a los pescadores y tampoco les consultó previamente si estaban de acuerdo, afirma Sandoval.
“Me impactó bastante cuando nos dijeron lo que pretendían instalar. Nada más con mirar cómo nos estaban talando los mangles fue suficiente. Me acerqué a uno de ellos y le dije que contaban conmigo para lo que tuviéramos que hacer y pedí que nos orientaran. Yo ni siquiera tenía estudios, no comprendía muchas cosas. Pero como pude, empecé a informar a la gente”, explica Sandoval. Sus primeras acciones fueron investigar los peligros del amoníaco y montar una obra de teatro itinerante, con niños y jóvenes, para representar a las comunidades “la catástrofe que podría pasar en la bahía”, dice la defensora.
De esa forma, Saldoval comenzó a sumar gente y concientizar en busca de un respaldo. “Hicimos una red con las comunidades que rodeamos la bahía, con las personas que sí sabían de leyes y nuestros derechos indígenas, para saber cómo podíamos meter un amparo”, agrega. “El primero [en 2018] fue por falta de una consulta indígena, porque ellos ya estaban con un pie adentro sin tomar en cuenta a las comunidades. Así empecé a actuar en contra de la construcción de esta empresa”.
De esas primeras intervenciones, ya pasó más de una década. Por la necesidad de adquirir conocimientos para la defensa del territorio, Melina Sandoval hoy es licenciada en Sociología Rural y estudiante de la licenciatura en Derecho. También representa a su comunidad dentro del movimiento “Aquí No”, fundado en 2017 e integrado no sólo por las comunidades indígenas y sus líderes, sino por activistas, académicos y asesores legales, entre otros. Desde este espacio se han promovido diversos procesos legales que lograron detener momentáneamente las obras en 2022. Sin embargo, en 2025 el proyecto sigue en pie.
En mayo de este año, el pueblo yoreme —en compañía del Consejo Ciudadano de Ecología de Sinaloa, hoy integrado por aquellos académicos y activistas interesados en informar a las comunidades yoreme— lanzó una colecta de firmas para exigir a las autoridades mexicanas la cancelación de los permisos otorgados a la empresa, la suspensión del financiamiento del Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW), en Alemania, para las obras relacionadas con la planta de amoníaco, y la sanción de las actividades que hayan provocado daño ambiental en la Bahía de Ohuira, hechos que el Consejo y el movimiento “Aquí No” han documentado y denunciado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En su petición a través de la plataforma Change.org, el movimiento afirma que la planta de amoníaco “pondrá en riesgo la vida de las personas en un radio de 15 kilómetros, destruirá el ecosistema marino-costero y amenazará la cultura ancestral del pueblo indígena Yoreme”, que habita los territorios de la Bahía de Ohuira desde hace miles de años.
Mongabay Latam entró en o con la empresa GPO. Sin embargo, no recibió respuesta sobre las acusaciones y temas consultados al cierre de esta publicación. También requirió la posición del banco alemán que financia el proyecto. Una vocera de la banca respondió: «Somos conscientes de que existen conflictos en torno a este proyecto».
«En el marco de nuestros contratos de préstamo, se acuerdan medidas específicas de conformidad con la Guía de Sostenibilidad del Banco KfW IPEX: en el caso de la fábrica de fertilizantes a la que se refiere, los resultados de la evaluación ambiental y social se han publicado de acuerdo con estándares y principios reconocidos internacionalmente, que también se aplican a las medidas diseñadas para mejorar la situación de la población local», aseguró la portavoz. «Un consultor internacional independiente supervisa la correcta implementación de todas las medidas ambientales y sociales», agregó.
Una bahía esencial para la gente y las especies
La Bahía de Ohuira es la más extensa del sistema lagunar Topolobampo-Ohuira-Santa María. Sus 12 500 hectáreas representan un santuario para la biodiversidad: es un área muy importante para la anidación y el descanso de aves como la garza rojiza (Egretta rufescens), sujeta a protección especial, y que comparte espacio con pelícanos, gaviotas y charranes, así como con numerosas aves migratorias, como los patos golondrinos (Anas acuta) o patos pijijes de ala blanca (Dendrocygna autumnalis), que cada invierno llegan en enormes bandadas a refugiarse en el humedal.
Bajo la superficie, este Sitio Ramsar también es un refugio crucial para especies marinas en riesgo. Es zona de alimentación y crianza del delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) y de cuatro especies de tortugas marinas protegidas: golfina (Lepidochelys olivacea), prieta (Chelonia mydas agassizii), laúd (Dermochelys coriacea) y carey (Eretmochelys imbricata). Además, su amplia franja compuesta por cuatro especies de manglar es criadero de peces y crustáceos de importancia comercial —como camarones y jaibas— que se reproducen en sus aguas tranquilas, sosteniendo no solo la biodiversidad, sino también la economía de las comunidades pesqueras indígenas.
Sin embargo, el equilibrio de la bahía es muy delicado: la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) advierte que la zona presenta un nivel de vulnerabilidad muy alto, por su alta fragilidad ecológica y presión constante por proyectos industriales.
“Es una laguna muy somera, es decir, de muy baja profundidad. También tiene una boca muy pequeña: en sus 125 kilómetros cuadrados, cuenta con una boca de solo 700 metros —por eso se le llama ‘laguna estrangulada’— lo que hace que el intercambio con el mar sea muy pequeño”, explica Diana Escobedo Urías, investigadora del Departamento de Medio Ambiente del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (Ciidir) Sinaloa, del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
“Todos los contaminantes o cualquier sustancia que pueda entrar ahí permanece por mucho tiempo”, agrega Escobedo, profesora e investigadora a cargo del Laboratorio de Eutrofización Costera de la misma institución. “Para empeorar el cuadro, la bahía recibe mucha agua residual de los drenes agrícolas del distrito de riego más grande del país”, afirma la especialista que ha trabajado en la Bahía de Ohuira por más de tres décadas.
Escobedo Urías, quien ha analizado la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto y ha estudiado la calidad del agua a lo largo de los años —ya deteriorada antes del inicio de las obras— advierte que la planta de amoníaco tendrá efectos innegables sobre el humedal: contaminará aún más el agua, generará emisiones atmosféricas y alterará el paisaje, como consecuencia del cambio de uso de suelo.
De la Bahía de Ohuira dependen, cuando menos, 4000 pescadores y sus familias. Según la petición que las comunidades y el Consejo Ciudadano de Ecología —donde también se encuentra Diana Escobedo Urías, entre otras académicas y especialistas reconocidas en Sinaloa— harán llegar a las autoridades ambientales e incluso a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, que la operación propuesta por la empresa GPO utilizará agua marina para sus procesos industriales, con lo que se descargarán diariamente 2000 metros cúbicos por hora de agua caliente directamente en el santuario de delfines y tortugas marinas de la Bahía de Ohuira.
Este proceso afectará gravemente la producción pesquera, describe el posicionamiento, ya que destruirá el 60 % de la producción de camarón en la bahía, con más de 500 toneladas anuales. “Las descargas elevarán la salinidad y aumentará su temperatura en 3°C con respecto a los niveles normales, lo que causará una devastación en plantas y animales que se encuentran en esta área, incluyendo especies en peligro de extinción como delfines, tiburones, ballenas, tortugas marinas y aves, entre otras”, agrega.
En ese sentido Escobedo Urías reitera que se trata de una empresa contaminante y de alto riesgo para la población debido a la alta posibilidad de fugas de amoníaco. “Ya no vamos a hablar de los organismos ni de tortugas, no estamos hablando de déficit de peces. Estamos hablando de personas. Gente que come de ahí, gente que vive ahí y gente que no va a poder salir si se produce un accidente”, concluye la especialista. “La planta de amoníaco no es mala, porque al final son sustancias que se tienen que producir, pero el sitio está equivocado. Es un error geográfico. Por eso siempre vamos a decir que aquí no”.
La batalla legal
La construcción de la planta de amoníaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) comenzó en 2015 con permisos otorgados sin haberse realizado una consulta previa, libre e informada al pueblo indígena afectado.
Ante esta omisión, las comunidades Yoreme-Mayo de Lázaro Cárdenas, Ohuira, Topolobampo, Paredones, El Maviri y Muellecito iniciaron un movimiento de resistencia. Su presión logró que, en abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara los permisos otorgados originalmente.
Sin embargo, la Corte ordenó adicionalmente la realización del proceso de consulta indígena, incluyendo también a comunidades fuera del área directa de impacto. Esta consulta se llevó a cabo a finales de 2022, con resultados divididos: ocho comunidades votaron a favor del proyecto, mientras que las cuatro más cercanas al sitio de construcción de la planta lo rechazaron.
A pesar de la oposición local, en agosto de 2024 un juez federal declaró que la consulta estaba legalmente superada, lo que permitió a la empresa reanudar los trabajos de construcción.
A lo largo de los años, Melina Sandoval y Claudia Susana Quintero —trabajadora social y estudiante de Derecho, representante de la comunidad de Ohuira en el movimiento Aquí No— han enfrentado amenazas constantes por su oposición al megaproyecto. La división que este ha provocado dentro de las propias comunidades, donde también hay quienes lo apoyan, ha generado un clima de tensión que, según denuncian, ha puesto en riesgo la vida de varias personas, incluidas ellas y sus abogados, quienes han tenido que abandonar la defensa legal en más de una ocasión. La situación ha escalado tanto, que incluso han tenido que ser incorporadas a mecanismos oficiales de protección, con botones de pánico y chalecos antibalas para resguardar su integridad.
“Claudia y yo hemos hecho el papel de abogadas, sin saber, indagando con nuestros profesores, estudiando derecho”, explica Sandoval. “Hemos andado buscando financiamiento para tener cómo pagarle a algún abogado, pero aunque les bajemos la luna y las estrellas, no hay abogados en las ciudades de Los Mochis ni en Culiacán que quieran entrar a esto otra vez, por todo lo que ha pasado, por todas las intimidaciones que ha habido. Saben que a nosotras nos tienen amenazadas, que traemos chalecos antibalas y botón de pánico. Difícilmente los abogados quieren trabajar para el colectivo, para la defensa, por miedo”, sostiene la defensora.
Sandoval ha tenido que salir de su comunidad para resguardarse, afirma. “Me entristece, esto no es vida. Todo cambia radicalmente y simplemente por tus mismos hermanos, a los que estás defendiendo también”, lamenta.
Actualmente, los pueblos Yoreme-Mayo mantienen varios juicios de amparo activos, aunque ninguno ha detenido formalmente la obra. Además, las comunidades han denunciado ante la Profepa una presunta invasión de la empresa a una zona federal y presentaron una queja ante Michel Forst, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Defensores Ambientales en el marco de la Convención Aarhus, con el objetivo de garantizar su derecho a la protesta. También esperan los resultados de una misión de Jesús Peña, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que visitó la zona en diciembre de 2024 para evaluar la situación y posibles violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.
En una entrevista difundida el pasado 2 de junio en el medio de comunicación Astillero informa, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), afirmó que visitará próximamente la Bahía de Ohuira para evaluar bajo qué condiciones opera actualmente la empresa que ha invertido un capital de alrededor de 1600 millones de dólares en Sinaloa. Mientras tanto, confirmó que ya “envió un equipo de avanzada” de la Profepa para verificar la vigencia de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto y sus permisos actualizados, así como para realizar toma de muestras y estudios en la zona.
“Yo mandé un equipo de la Procuraduría para que vean toda la problemática y, en función de eso, nosotros actuamos”, afirmó la secretaria. “Si se está violando la normativa, clausuramos o sancionamos. Depende de qué es lo que esté pasando en la zona. Hasta ahora, la información que tenemos es que la empresa no ha violado la MIA, pero eso fue en el periodo anterior [con el Gobierno previo] y nosotros queremos ver cuál es la actualización de la empresa”.
El lugar sagrado
A Melina Sandoval no le alcanzan las palabras para describir lo que la Bahía de Ohuira significa para ella. “Me pone la piel chinita”, dice la pescadora. “Solo puedo decir que es la deidad más grande que puede existir”. Se recuerda a sí misma en la casa donde nació: era pequeña y la marea llegaba hasta su puerta. Desde allí casi podía tirarse clavados al agua, mientras esperaba a su padre volver de sus jornadas pescando mar adentro.
A pesar de que la empresa sigue andando, agrega, aún tiene esperanza de que algo sucederá en favor de las comunidades.
“Y no me voy a detener hasta las últimas consecuencias, hasta donde tope, porque tengo la convicción de que estoy en lo correcto. Estoy defendiendo mi territorio, estoy defendiendo la dignidad y los derechos indígenas que están plasmados en un papel, pero que ahora los estoy reclamando porque no quiero que sigan siendo letra muerta”, dice Sandoval.
El solo hecho de haber logrado una consulta indígena contra un megaproyecto, algo inédito en Sinaloa, ya es un gran logro para el movimiento, sostiene.
“Lo que me motiva es que las nuevas generaciones miren todo esto”, concluye la defensora, “cómo amamos el territorio, cómo se debe defender el territorio y que, si lo perdimos, lo perdimos con dignidad”.
*Imagen principal: este muro contra la planta de amoníaco se encuentra en Lázaro Cárdenas, una comunidad con alrededor de 400 familias de pescadores. Foto: cortesía Luis Brito
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