- La conservación de la Amazonía, una mayor protección para los defensores ambientales y la titulación de los territorios indígenas figuran entre los temas que debe abordar el Perú en 2022.
- El océano y los ríos tienen también la atención por las amenazas que están afectando su biodiversidad como la contaminación causada por los plásticos.
El último día del año, el 31 de diciembre de 2021, el gobierno de Perú promulgó la ley que, una vez más, extiende el plazo para la formalización minera. Esta vez la controvertida norma amplía el plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.
Con esta decisión, los problemas relacionados con la minería informal e ilegal y un proceso de formalización que parece no tener fin cobran más vigencia que nunca para el 2022.
El 2022 también es un año de expectativas para la Amazonía peruana sobre todo después de un incremento significativo de la deforestación en el 2020 que, según expertos, habría mantenido su tendencia al alza en 2021. Por eso, tras una serie de compromisos internacionales asumidos para en favor de la Amazonía y los bosques a nivel global, el 2022 se presenta como un año de retos para frenar el ascenso de la deforestación en Perú.
Otro tema prioritario este año es la protección de los defensores ambientales que desde el 2020 ha cobrado la vida de por lo menos 15 personas en los dos últimos años, varios de ellos líderes indígenas que fueron asesinados por defender sus territorios del avance del narcotráfico.
En este 2022 también se debe poner atención a lo que sucede en ríos y océanos. Durante el 2021 la creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca permitió avanzar en la conservación del mar peruano, pero aún hay temas pendientes para uno de los espacios marinos más biodiversos del mundo.
«Es fundamental enfrentar las actividades ilegales y fortalecer la justicia ambiental y climática, así como la institucionalidad ambiental para contribuir a la sostenibilidad», señala Lissette Vásquez, adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.
En conversación con Mongabay Latam, Vásquez menciona que la Defensoría considera cuatro lineas prioritarias que debe priorizar el gobierno y en particular la actual gestión del Ministerio del Ambiente: cambio climático, actividades ilegales que afectan el ambiente y a defensores ambientales, la urgente remediación de pasivos ambientales y la afectación de los océanos.
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Compromiso con la Amazonía
En el 2020 Perú alcanzó una cifra récord de deforestación, la más alta de los últimos 20 años, una situación que aleja al país de sus compromisos internacionales como, por ejemplo, la Declaración sobre los Bosques y el Uso de la Tierra, logrado en la COP 26, cuyo objetivo es poner fin a la deforestación para el año 2030.
“Se debe poner los ojos en los bosques”, dice César Ipenza, sobre los temas que urgen atender este 2022. Ipenza, además, señala que es necesario reconocer el “valor de los bosques en pie” para lo cual es importante que “los fondos se destinen también a las comunidades nativas que han demostrado su capacidad para mantener conservados sus bosques”, aclara el experto.
A nivel global se están dando acuerdos destinados a frenar la deforestación. En en la COP 26 se reiteró el compromiso firmado en el 2014 por 39 países, entre ellos Perú, para frenar la pérdida de bosques. Aunque en la práctica entre el 2014 y 2020 en lugar de
“Creo que debemos avanzar a nivel Perú, a nivel Amazonía y a nivel internacional en entender mejor cuál es el impacto de nuestro consumo y asumir responsabilidad sobre eso”, dice Julia Urrunaga, directora del Programa Perú de la Agencia Internacional de Ambiente (EIA por sus siglas en inglés).
Para Urrunaga, la tala ilegal que afecta los bosques de la Amazonía peruana, es uno de los temas centrales del 2022. «Tenemos al Estado como el gran comprador de madera y mucha de esa madera es ilegal”. Pese a que llevamos algunos años tratando de influir en las bases de los procesos de compra estatales —menciona Urrunaga— aún no vemos el impacto positivo para que el Estado peruano no sea comprador de productos ilegales y que garantice que los productos provenientes de los bosques tengan origen legal.
«Es difícil detener esta situación», señala Berlin Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali con relación a la creciente deforestación de la Amazonía peruana. Sin embargo, Diques menciona que las organizaciones indígenas se han propuesto implementar el uso de alertas tempranas de deforestación a través de sistemas satelitales. «La tecnología puede permitir que nos anticipemos a la depredación. Pero la organización interna de la comunidad y los grupos de patrullaje también son importante», agrega Diques como parte de los esfuerzos que tienen los pueblos indígenas para frenar la deforestación de sus bosques.
Un avance en los esfuerzos por frenar la deforestación de la Amazonía podría estar en la reciente propuesta en la Comunidad Europea que busca exigir a las empresas exportadoras hacía los países de ese continente que demuestren que sus productos no están contribuyendo a la destrucción de los bosques.
Según esta iniciativa — que deberá ser aprobada por los gobiernos de la Unión Europea y por el Parlamento Europeo— los países que quieran exportar hacia las 27 naciones de la Unión Europea deberán demostrar que su cadena de producción no haya tenido vínculo alguno con la deforestación.
La protección de los defensores ambientales
“Lo más importante es tomar acciones concretas para la protección de los defensores ambientales, en particular de los defensores ambientales indígenas. Es uno de los temas más importantes, porque al final lo más importante es la vida humana”, dice Julia Urrunaga, directora para Perú de EIA.
En un contexto de cinco líderes y pobladores indígenas asesinados en 2021, Urrunaga considera que dentro de las acciones para enfrentar la violencia hacia los defensores ambientales está la ratificación del Acuerdo de Escazú, un compromiso regional por la justicia y la transparencia ambiental que el Perú firmó en 2018 pero que el Congreso de la República aún no ha ratificado. “Es un tema de derechos humanos, del derecho a la vida de quienes están tratando de proteger sus bosques. Eso implica que debería haber una presencia más fuerte e importante del Estado en su protección”.
La escalada de violencia que enfrentan los pueblos indígenas en Perú están relacionados con la minería y tala ilegales, pero principalmente con el narcotráfico, un delito que además de causar la deforestación, mantiene acorraladas a muchas comunidades nativas.
“Las actividades ilegales afectan el ambiente y amenazan a defensores ambientales. Durante este tiempo de pandemia han ocurrido 10 asesinatos de personas y líderes indígenas que defienden sus bosques”, señala Vásquez, de la Defensoría del Pueblo.
Para Vasquez es importante enfrentar las causas que originan estos riesgos y contar con espacios de coordinación con el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Vasquez también considera que es urgente la ratificación del Acuerdo de Escazú. “Esperamos que el Ministerio del Ambiente impulse, desde el Ejecutivo, la propuesta para que se logre su ratificación en el congreso”, agrega.
Vladimir Pinto, representante de Amazon Watch en Perú, se refiere a la violencia por el avance del narcotráfico que mantiene bajo amenaza a las comunidades de la selva central y que incluso ha cobrado varias vidas de líderes indígenas desde el inicio de la pandemia. “El narcotráfico se está acercando mucho a la frontera con otros países, por eso, es urgente que se frene ese problema y evitar que avance más. Se trata de una urgencia vinculada a la vida”.
La titulación de los territorios indígenas
Uno de los temas de mayor preocupación para los pueblos indígenas es la titulación de sus territorios, un reclamo que se repita cada año. “Lo más importante es el reconocimiento y la titulación de nuestros territorios. No avanzamos este año como lo habíamos planeado, pero pensamos que para el 2022 podemos continuar con lo que quedó pendiente”, dice Manuel Ramirez, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO).
Por su parte, Berlin Díaz, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) se refiere a los acuerdos alcanzados por las comunidades kakataibo, asháninkas y shipibos, que forman parte del denominado Lote 2 para la titulación a través del Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa, denominado PTRT3.
En noviembre de 2021, los líderes de las federaciones que reúnen a estas comunidades estuvieron en la capital de Perú para reclamar por la paralización de este proyecto, puesto que, según indicaron, las 48 comunidades incluidas en el denominado Lote 2 estaban en la etapa final del proceso de titulación. Por tanto, los cambios propuestos por el gobierno para continuar con este proceso —señalaron los líderes indígenas— significaban un retroceso para este grupo de comunidades.
Tras varias reuniones se logró un acuerdo para continuar con esta etapa del proceso bajo las mismas condiciones con las que se ha avanzado hasta ahora. “Queremos que se concrete la titulación de las 48 comunidades. Y seguiremos luchando para las que aún están pendientes. Todas las comunidades que han logrado su titulación lo han hecho a través de una lucha fuerte”, señala Diques.
De acuerdo con una investigación realizada por Mongabay Latam en cinco regiones del Perú, de las más de 2000 comunidades nativas analizadas por lo menos la mitad no han sido tituladas. El análisis realizado por este medio indicada, además, que por lo menos la tercera parte de las comunidades que formaron parte de esta investigación no contaban con la resolución de reconocimiento que les otorgan las autoridades para ser consideradas como indígenas.
“No creo que se logre cerrar la brecha, pero en el 2022 se debe avanzar”, dice Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). “Es importante solucionar conflictos con procesos de superposición de concesiones en los territorios de los pueblos en aislamiento y que se concrete la definición de las reservas indígenas que aún están pendientes”.
Una deuda pendiente con los océanos y los ríos
“Siempre nos olvidamos del mar porque no lo vemos, no sabemos qué sucede dentro de los océanos”, dice Joanna Alfaro, presidenta de Prodelphinus, sobre las amenazas que están poniendo en riesgo la biodiversidad marina y los temas aún pendientes para su protección.
Aunque en 2021 se concretó la creación de la Reserva Marina Dorsal de Nasca, que permitió al país avanzar significativamente en el porcentaje de espacio marino que se debe mantener bajo protección —aumentó de 0.5% al 6.5%— Alfaro considera que aún falta mucho que proteger. “La creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau es un tema pendiente que después de la experiencia con la Dorsal y, tantos años de espera, se debe sacar adelante, es una cuestión de tener voluntad política”, asegura.
Para Vásquez, de la Defensoría del Pueblo, “es un avance la creación de esta área protegida marina”, en referencia a la Dorsal de Nasca y, pese a los cuestionamientos en esta decisión —dice— siempre será mejor su establecimiento a la opción de “no tener nada”. Sin embargo, Vásquez también considera que no ha sido suficiente puesto que “aún hay una gran deuda del Ejecutivo con el ambiente y el mar, que es la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau. La Defensoría ha manifestado que no debemos dejar de vista lo que se busca proteger”.
La representante de la Defensoría del Pueblo también se refiere a otro aspecto de la conservación marina: la contaminación por plásticos. “Tenemos una ley de plástico de un solo uso y hubo varios intentos de suspender los efectos de esta ley. La Defensoría del Pueblo ha pedido que se implemente de manera adecuada, pues no hacerlo implica la afectación de recursos hidrobiológicos”. Vásquez se refiere al proyecto que presentó Fuerza Popular en octubre de este año con el objetivo de que se postergue dos años más la aplicación de la norma que prohibía el uso de recipientes de poliestireno expandido (tecnopor) a partir del 20 de diciembre. Sin embargo, este intento de postergación no ha sido aprobado en el Congreso, por tanto, los plazos se han mantenido vigentes.
Por eso, para Vásquez la afectación de los océanos es un tema crucial para Perú. “La contaminación por plásticos de un solo uso y proteger la biodiversidad marina son tareas que deben ser prioritarias en el país”, dice.
El problema de la contaminación por plástico no está solo en los océanos, sino también en los ríos. Un estudio desarrollado por científicos del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) evidenció la presencia de microplásticos en peces de los ríos amazónicos que son de consumo humano. El estudio se realizó en las especies que se comercializan en los principales mercados de la ciudad de Iquitos, región Loreto, donde las personas se abastecen de alimentos.
Al respecto, Mariano Castro, viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, señala que a nivel internacional se está buscando definir un acuerdo global sobre los plásticos de un solo uso y la basura marina que se genera a partir de éste. “Perú está entre los países que lidera este proceso”, asegura Castro .
El viceministro Castro también menciona que los plásticos no solo son un problema marino, sino también en los ríos. “Si no se gestiona la basura plástica, tendremos pérdidas serias en los ecosistemas marinos, fluviales y lacustres”, dice el funcionario y recuerda que de no hacerse nada con relación a este problema se prevé que para el 2050 la basura plástica en el mundo alcance cifras de hasta 12 mil millones de toneladas. “Es clave sumar fuerzas a nivel global porque los escenarios son desalentadores”.
Un proceso de formalización que no se acaba
La Ley que prorroga la vigencia del proceso de formalización minera integral fue promulgada el último día del año 2021, en una edición especial de El Peruano. Con esta norma se cambia lo que se pensaba sería el cierre del proceso de formalización de las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal mediante el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Ahora, según la norma, la finalización está programada para el 2024.
No ha sido la primera vez que se cambian las fechas, lo mismo pasó a finales del 2020, cuando mediante un Decreto Supremo del Ministerio de Energía y Minas extendió el plazo que vencía a finales de ese 2020 y postergó hasta el 31 de diciembre de 2021 la finalización de este proceso. Hoy, la historia se repite.
“Esto suma a seguir destruyendo el patrimonio de todos. Que se recuerde quienes permiten y «colaboran» con los informales e ilegales. Nuestra patria y la Amazonia merece un futuro distinto”, dijo el abogado César Ipenza en sus redes sociales. Mención, además, que con esta decisión se “amplía el camino eterno de la formalización minera”.
La propuesta de formalización de la minería artesanal lleva casi una década sin culminar, y se ha convertido en un proceso que parece no tener fin, ahora, con tres años más por delante. Mientras tanto, la inscripción en el Reinfo ha sido utilizada por la minería ilegal para legalizar el oro de procedencia ilícita como sucedió en el caso de Los Topos del Frío, una mafia dedicada a la extracción ilegal de oro en La Libertad.
Otro ejemplo es lo que sucede en el corredor minero de Madre de Dios, una zona donde se confunden los mineros formales, con los informales y los ilegales. Los formales son aquellos que cuentan con todas las autorizaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mientras que los informales son aquellos inscritos en el Reinfo, pero que aún no han culminado el proceso. Los ilegales, en cambio, son quienes no están inscritos en Reinfo ni cuentan con autorización para la extracción de minerales, así como quienes extraen oro de zonas prohibidas como son los ríos y las áreas naturales protegidas.
El procurador del Medio Ambiente, Julio Guzmán, manifiesta su preocupación por la extensión del plazo. “Esperábamos que se cierre el proceso, para luego trabajar en un marco de formalización basado en el catastro minero. Sin embargo, con la extensión de plazos estamos llegando al punto del que no hay retorno”.
Imagen principal: Imagen de dron de la selva amazónica en Madre de Dios. Foto: Therany-Gonzales-ACEER
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